«Es la primera vez en la historia que una modificación del marco de relaciones laborales se hace de forma unilateral». Estas palabras de Ignacio Echaniz, del Partido Popular (PP), reflejan lo ocurrido ayer en el Congreso de los Diputados. La reforma del mercado de trabajo fue aprobada en solitario con los votos del PSOE y en medio de críticas unánimes de la oposición.

En cualquier caso, el aval del órgano legislativo consolida el contenido de una regulación promulgada el pasado junio por el Gobierno de Rodríguez Zapatero por medio de un decreto-ley. Una reforma que abre la posibilidad a que los empresarios puedan despedir trabajadores con una indemnización de 20 días por año de antigüedad con un límite de 12 mensualidades en caso de «pérdidas actuales o previstas», o si existe «disminución persistente de su nivel de ingresos que puedan afectar a su viabilidad o a su capacidad de mantener el volumen de empleo».

Esta nueva redacción de los requisitos para el despido supone un importante abaratamiento del mismo, ya que hasta ahora en tales circunstancias la rescisión de un contrato de trabajo era considerada improcedente, lo que suponía una indemnización de 45 días por año trabajado con hasta 42 mensualidades de salario.

Despido por absentismo

Antes de cerrar página parlamentaria, los socialistas consiguieron retirar la casi totalidad de las variaciones introducidas en el Senado, donde su presencia es proporcionalmente menor a la que tienen en el Congreso. Así, se cayó la enmienda propuesta por los senadores nacionalistas relativa al absentismo laboral que facilitaba el despido por la ausencia reiterada del puesto de trabajo. Hasta ahora se podía rescindir el contrato a un trabajador que acumulara ausencias no justificadas del 20% de las jornadas hábiles durante dos meses consecutivos -25% a lo largo de cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de un año-. Pero condicionaba este despido a que el absentismo en toda la plantilla superara el 5%. El Congreso rebajó este límite al 2,5% con el apoyo del PSOE, y el Senado, sencillamente, lo suprimió en agosto mediante una enmienda patrocinada por el PNV. Pero el Gobierno, con el respaldo de los grupos de izquierda, recuperó el 2,5% y limitó así las posibilidades del despido individual vinculado al absentismo laboral.

Igualmente, en la Cámara Baja desapareció el requisito de que para que un trabajador con contrato de obra y servicio determinados pase a ser fijo debería llevar tres años en un puesto. Bastará con que desempeñe su tarea en la misma empresa, aunque el puesto de trabajo sea diferente.

Punto y coma

Una de las modificaciones introducidas en el Senado que más polémica levantó fue la sustitución de una coma en el enunciado de las causas económicas del despido objetivo por un punto y coma.

La variación la propuso y defendió Convergencia i Unió (CiU) con el argumento de que situar este signo ortográfico («existencia de pérdidas actuales o previstas; o la disminución persistente») permitía concretar los motivos de la expulsión de los trabajadores.

El PSOE consideró que la propuesta ampliaba la posibilidad de efectuar los despidos y optó por recuperar el texto anterior. El Bloque Nacionalista Galego (BNG) tuvo más suerte y consiguió sacar adelante que el cobro de la prestación de paro en caso de contratos parciales se calcule en función de las horas trabajadas y no de los días, para que exista proporcionalidad con la reducción de la jornada.

Ésta fue, junto a la reducción a 30 días del periodo de que dispone un parado para rechazar un plan de formación, una de las pocas variaciones que ha experimentado el texto de la reforma laboral después de su aprobación inicial en el Congreso como decreto-ley y durante su tramitación parlamentaria «de urgencia» en pleno verano como proyecto de ley.

«No es una receta mágica»
De los 11 portavoces que subieron a la tribuna de oradores de la Cámara Baja, tan sólo uno, el socialista Jesús Membrado, dio por válida la reforma. «Lo que ocurre es que no es una receta mágica», matizó para justificar este aislamiento. Los restantes coincidieron, por motivos diversos, en que los cambios aplicados no son los que necesita España. Entre los partidos que argumentaron que la reforma se queda corta y llega tarde figuran Coalición Canaria (CC), CiU, Unión del Pueblo Navarro (UPN) y Partido Nacionalista Vasco (PNV).

En el extremo contrario, los portavoces de Izquierda Unida (IU); Ezquerra Republicana de Catalunya (ERC), BNG y Unión, Progreso y Democracia (UPyD) denunciaron el recorte que la aplicación de la ley supondrá para los derechos de los trabajadores. Incluso se produjeron llamamientos a la huelga general convocada por los sindicatos para el día 29 de septiembre: Joan Tardá (ERC) lanzó un llamamiento para que la sociedad «salga a la calle» ese día y secunde la protesta.

El PP se situó junto a los grupos que consideran la reforma insuficiente y se lamentó de que el proyecto haya «terminado como empezó: en la más absoluta soledad de los socialistas». A su juicio, esa situación del PSOE obedece a un camino emprendido hace tiempo, una trayectoria llena de «mentiras» que se inició con la negación de la crisis. El portavoz popular, Ignacio Echaniz, criticó que el texto del PSOE abandonara la modernización de la formación profesional, el nuevo modelo productivo y las políticas activas, y que el partido que sustenta al Gobierno rechazara todas las enmiendas presentadas desde el PP.

Durante el debate, los bancos azules estuvieron casi vacíos. Sólo el titular de Trabajo, Celestino Corbacho -que al final defendió la reforma desde el atril- permaneció prácticamente toda la jornada en el hemiciclo. Después llegó el presidente Rodríguez Zapatero y varios ministros. Por su parte, el presidente del PP, Mariano Rajoy, únicamente asistió a la votación.

«Equilibrada y ambiciosa»
Para Corbacho la modificación de la legislación laboral es «equilibrada y ambiciosa», y da más seguridad a empresarios y trabajadores. Subrayó que no se trata de una reforma «corta» y puntualizó que su aprobación coincide con el inicio de la recuperación económica, por lo que «reforzará las bases para la consolidación de una economía sostenible».

En otro ámbito, la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, dijo que los cambios permitirán a España ser más competitiva, ya que darán respuesta a la falta de flexibilidad del mercado laboral. Además, confió en que el Gobierno pueda recuperar la vía del diálogo con los sindicatos después de la huelga del día 29.
En resumen, la reforma que ha salido del Parlamento endurece ligeramente el decreto del Gobierno, transformado en proyecto de Ley de Medidas Urgentes de Reforma del Mercado de Trabajo, después de eliminar la mayoría de los cambios propuestos por los grupos políticos en el Senado e introducir sólo las enmiendas del PSOE y una del BNG.